Economía Social De Mercado

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

El concepto de Economía Social de Mercado describe el orden económico vigente en la República Federal de Alemania. Su elemento fundamental es la conjugación del “principio de libertad de mercado con equidad social”. La concepción de la Economía Social de Mercado fue desarrollada para la reconstrucción de la República Federal de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, como alternativa a una economía dirigida. Su implementación política en los años 1947 a 1949está íntimamente ligada a los nombres de Luwig Erhard y Alfred Müller-Armack. Este último es quien acuñó el concepto “Economía Social de Mercado”.

La Economía Social de Mercado se fundamenta en los principios del ordo liberalismo desarrollado por la Escuela de Friburgo (Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, entre otros) durante la década de 1930. Su principio básico es un sistema de competencia lo más perfecto posible garantizado por el Estado, el que complementariamente debe impulsar una adecuada política social. 

El principio de la Economía Social de Mercado conjuga elementos del liberalismo y de la Doctrina Social de la Iglesia, para conformar un orden fundamental social y democrático.

A diferencia de una economía al estilo laissez-faire, la Economía Social de Mercado exige la mano ordenadora del Estado. Walter Eucken enumera ciertos principios constitutivos y reguladores de la política de ordenamiento, que identifica como elementos guía de la política económica y social.

Principales elementos en la concepción de la Economía Social de Mercado:

·         Propiedad privada de los medios de producción y libre formación de los precios.

·         Libertad contractual.

·         Implementación de un régimen de competencia y garantía de su vigencia a través del control de los monopolios y el abuso de poder (mediante leyes antitrust o en defensa de la competencia y contra la competencia desleal, entre otras medidas).

·         Libre comercio exterior, libre convertibilidad de la moneda.

·         Estabilidad de la moneda (a través de un banco central independiente, por ejemplo).

·         Seguridad social a través de seguros previsionales, contra enfermedad, desempleo y cuidados permanentes, además de seguro contra accidentes.

·         Constancia y confiabilidad de la política económica.

PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE UN RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA

Funcionamiento del mecanismo de precios

El colapso de la Unión Soviética y del ex bloque comunista demostró ante los ojos de todo elmundo que las instancias centrales de un gobierno no están en condiciones de planificar y controlar la economía de modo tal que mejore al bienestar social de todo el pueblo. Este control estatal de la economía fracasa en virtud de la complejidad de las relaciones económicas y la gran cantidad de informaciones que deben ser procesadas. Por eso, en la actualidad, una gran mayoría de países ha desechado la economía de planificación central como modelo económico y las decisiones que anteriormente tomaban las autoridades de planificación son tomadas hoy por millones de individuos, hogares y empresas.

Además de la oferta y la demanda, una fuente de información importante para los sujetos económicos a la hora de tomar decisiones son los precios como reflejo de las relaciones de escasez y calidad. Por otra parte, el precio inclina los recursos escasos hacia su mejor aplicación.

Los precios que se forman en el mercado permiten que las decisiones sobre producción se tomen en forma descentralizada, actualizada, ubicua y basadas en informaciones precisas sobre las necesidades que se articulan en el mercado. La creación de un sistema de precios funcional en una economía basada en la propiedad privada es, en consecuencia, el mejor camino conocido para el crecimiento y el bienestar.

Condición para el funcionamiento del mecanismo de precios es una moneda estable, dado que la inflación genera informaciones distorsionadas (Primacía de la política monetaria - W. Eucken).

También interfieren con las funciones del precio y llevan al despilfarro de recursos las injerencias del Estado en forma de precios o salarios mínimos o máximos. La intervención del Estado sólo es adecuada cuando fracasan los mecanismos de mercado y se hace necesario asegurar un nivel social mínimo, dado que, de lo contrario, el mecanismo de precios no puede cumplir con su función de señal y canalización, con la consecuencia de ineficiencias en el sistema.

Mercados abiertos y comercio internacional

El equilibrio de la demanda y la oferta a través del precio no sólo funciona en el mercado interno, sino que también genera más crecimiento y bienestar en los países que participan de un libre intercambio de bienes y servicios. Incluso las partes supuestamente más débiles, que no son superiores en ningún segmento productivo, pueden beneficiarse con la apertura de los mercados aprovechando ventajas de costos comparativos. Un ejemplo: aún si Alemania fuese superior a los productores polacos en la fabricación de automóviles y de productos textiles, la división del trabajo entre ambos países sería igualmente rentable. Alemania se especializaría en la fabricación de autos y Polonia, en la de productos textiles, siempre que los fabricantes alemanes tuvieran comparativamente mayores ventajas en la producción automotriz que en la producción textil.

De este modo, ambos países se posicionan mejor por el comercio internacional de bienes, aún cuando dentro de un mismo país existan perdedores (industria textil en Alemania, fabricantes de automóviles en Polonia). En última instancia, sin embargo, el cambio estructural contribuye a más crecimiento y a un mayor bienestar para todos. La concentración en actividades que pueden realizarse en condiciones y a costos comparativamente más ventajosos permite elaborar una mayor cantidad de bienes a igual inversión. Por eso, la compensación social para los perdedores no debería hacerse a través de precios máximos o mínimos (como sigue ocurriendo en el caso del agro europeo, por ejemplo), sino a través de pagos directos limitados a los perdedores del cambio estructural.

 Ello contribuye a la paz social en la Economía Social de Mercado.

Propiedad privada, libertad contractual y responsabilidad, tanto como constancia, de la política económica

Para que un régimen de competencia pueda funcionar adecuadamente, es importante proteger la propiedad privada de injerencias arbitrarias por parte del Estado y excesivas cargas impositivas o sociales. Sólo quien puede disfrutar de la mayor parte de su esfuerzo y trabajo tendrá incentivos suficientes como para hacer un manejo cuidadoso de la propiedad y la fuerza laboral. Excesivas cargas impositivas y sociales desalientan los incentivos laborales y de inversiones y paralizan la dinámica económica. Garantizar los derechos de propiedad y la libertad individual creando un orden general es, por ende, una tarea fundamental del Estado en la Economía Social de Mercado.

Un orden de competencia garantiza, por un lado, la propiedad privada y, por el otro, evita la posibilidad de llegar a una posición de monopolio. De este modo, la competencia se encarga de limitar el poder de mercado, dado que siempre existe la posibilidad de que surjan nuevos competidores. En forma similar, la competencia entre los Estados nacionales limita el poder de imposición y garantiza la libertad individual.

Para que un régimen de competencia pueda funcionar adecuadamente, se requiere contar con  libertad contractual, ya que sólo a través de contratos libres, celebrados individualmente, es posible equilibrar la oferta y la demanda a través del precio. No obstante, estos acuerdos no deben llevar a la formación de monopolios o cárteles. Por eso debe existir un control de los monopolios.

Asimismo, y como contrapartida del derecho de propiedad, quien tiene el derecho de gozar de sus beneficios también debe hacerse cargo de las pérdidas. Esto incluye la responsabilidad por daños resultantes de la actividad comercial que no deben ser transferidos a terceros (es decir, a la sociedad). En la medida en que esta responsabilidad se ve limitada, por ejemplo a través de acuerdos laborales (caso concretó de los ejecutivos de grandes empresas) o de contratos sociales, debe garantizarse que existan otros incentivos adecuados para fomentar un manejo cuidadoso de los recursos y la producción de bienes.

Asimismo, el ordenamiento marco debe ser transparente y comprensible, y no debe quedar sometido a modificaciones permanentes. La constancia de la política económica brinda a las empresas y hogares la debida seguridad para planificar sus inversiones y celebrar sus contratos.

La competencia por sí sola ejerce suficiente presión sobre las empresas, de modo que al menos las condiciones generales para las inversiones deberían ser confiables.

Todos estos principios deben regir en forma simultánea, dado que se condicionan recíprocamente y dependen unos de otros (“interdependencia de la política económica”). Un orden basado en los principios constitutivos asegura la mayor asignación posible de los factores de producción y conduce a innovaciones e imitaciones (competencia como procedimiento descubridor). Al mismo tiempo, alienta el cambio estructural (proceso de destrucción creativa) y crea posibilidades de elección y opciones alternativas para la oferta y la demanda (“limitación del poder”).

PRINCIPIOS REGULADORES

Más allá de fijar el orden económico, en algunos casos resulta necesaria la intervención del Estado para corregir los resultados del mercado. Una medida necesaria es la corrección de la contabilización económica o internalización de efectos externos.

La internalización de efectos externos surge cuando la actividad económica afecta (o beneficia) los intereses de terceros, sin que los costos o las ganancias correspondientes ingresen en el cálculo de costos y beneficios del causante. Otra injerencia estatal necesaria es garantizar un mínimo existencial para todos, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Política de competencia y política estructural

Debido a que a menudo la competencia resulta incómoda, no han faltado ni faltan los intentos por limitarla o eliminarla. La función de la política de competencia es proteger el adecuado funcionamiento de la competencia contra estos ataques. En Alemania, el fundamento jurídico para estas medidas es la “Ley contra las limitaciones a la competencia”. Su objetivo es evitar la formación de monopolios y poder económico unilateral.

Por su parte y en forma paralela, la política estructural tiene por objeto morigerar el impacto que genera el cambio estructural que provoca la competencia como proceso de destrucción creativa.

No obstante, con frecuencia este instrumento ha derivado en subsidios permanentes que no han hecho otra cosa que conservar viejas estructuras (un ejemplo son los subsidios a la producción de carbón) y, por lo tanto, es conveniente hacer un uso muy restrictivo y acotado en el tiempo de este instrumento.

Algunas recomendaciones ilustrativas de lo señalado son:

·         El objetivo central de la política de competencia debería ser velar por la apertura de los mercados, esto es eliminar posibles barreras de acceso y no obstaculizar los esfuerzos por llegar al mercado de posibles competidores.

·         Eliminación de subsidios estatales que distorsionan la competencia (por ejemplo, los actuales  subsidios que reciben la industria del carbón o el agro).

·         No debe haber una política estructural de mercado ni una política industrial selectiva que favorezcan a determinados sectores económicos o empresas, como por ejemplo la obligación de contar con el diploma de maestro en el sector de los oficios para instalar un negocio.

·         Una permanente re-evaluación y la paulatina eliminación del predominio del Estado y de las comunas en el sector de los servicios esenciales es tan necesaria como lo es la eliminación de restricciones de acceso para empresas privadas en estos mercados (cfr. apertura de los mercados de telecomunicaciones, prestaciones sociales, sector energético).

Política financiera, impositiva y social

Una función del Estado es corregir la distribución primaria de los ingresos que tiene lugar en el mercado en función del rendimiento individual. El objetivo es garantizar un mínimo existencial a quienes no están en condiciones de obtener un ingreso en el mercado. Para tener la plena seguridad de que los pagos por transferencia sólo benefician a quienes no están en condiciones de mantenerse por sí mismos, se requiere hacer un estricto análisis de las necesidades básicas.

En coincidencia con el principio de subsidiariedad proveniente de la Doctrina Social de la Iglesia, todos tienen la obligación de obtener ingreso en el mercado en la medida de sus posibilidades.

Sólo en caso de que eso no sea suficiente para cubrir el mínimo existencial, el Estado deberá efectuar pagos complementarios.

Es importante que la política redistributiva se financie únicamente a través de impuestos y no recurra suplementariamente a los fondos de sistemas de seguridad social. 

Así se incrementa la transparencia y aceptación de los sistemas y es posible verificar quién carga con los costos y quién se ve beneficiado. En última instancia, el objetivo de la política social debe ser la justicia de oportunidades (“oportunidades para todos”) y no la igualdad de los resultados. Básicamente, deberá considerarse siempre el conflicto que existe entre el objetivo de la eficiencia y aquel otro de la justicia, dado que más redistribución siempre disminuye al mismo tiempo los incentivos productivos y, por ende, el crecimiento. Por lo tanto, es importante reducir el gasto público en consumo y, en cambio, fortalecer las inversiones.

Otras recomendaciones para la conformación del sistema impositivo y de transferencias desde la perspectiva de una política de ordenamiento son:

·         Clara separación entre el sector público y el sector privado en el nivel municipal (aplicando la cláusula de subsidiariedad en los regímenes comunales).

·         Simplificación del sistema impositivo ampliando la base imponible y reduciendo las alícuotas, para evitar que los sujetos afectados reaccionen soslayando el pago de impuestos.

·         Clara distinción entre las corrientes financieras: resulta inconveniente financiar con fondos de los sistemas de seguridad social prestaciones ajenas a estos sistemas y es importante conservar la simetría entre funciones e ingresos de los entes jurisdiccionales.

·         Redistribución de los ingresos en función de necesidades debidamente verificadas a través del sistema de transferencias y financiamiento de éstas sólo a través de los fondos recaudados en concepto de impuestos.

·         Limitación del volumen de transferencias al mínimo existencial preservando los criterios generales de tolerabilidad diseñados para todos y no únicamente para un círculo privilegiado.

En relación con los sistemas de seguridad social, resultan pertinentes las siguientes medidas:

Se procurará reducir los aportes al seguro previsional establecido por ley:

o   incrementado la edad jubilatoria en función de la evolución en la expectativa de vida y el número de jubilados,

o   reduciendo el monto de la jubilación en el caso de las jubilaciones anticipadas en función de reducciones matemáticamente correctas,

o   reservando el seguro para deudos a personas sin adecuado ingreso propio,

o   realizando ajustes anuales de las jubilaciones que consideren el cambio demográfico y las consecuencias para la sostenibilidad del sistema.

El seguro de cuidados permanentes financiado por el sistema de reparto deberá hacerse más sustentable introduciendo un sistema de capitalización obligatorio, a la vez que se limitará el catálogo de prestaciones y se procurará fortalecer el sistema de previsión privada.

Es conveniente impulsar la reforma del seguro por enfermedad sobre la base de una prima por salud, un mayor grado de responsabilidad propia, fortalecimiento de la competencia entre diferentes compañías aseguradoras y limitación a las prestaciones básicas.

Política de mercado laboral, empleo y educación

Desde el punto de vista de la política de ordenamiento tal como la interpreta la Economía Social de Mercado, no se requiere de una política de empleo y de mercado laboral especial. La mejor política de empleo consiste en crear condiciones generales competitivas, ya que los puestos de trabajo son creados por empresas y no por una política estatal de mercado laboral. Los puestos de trabajo surgen o se conservan cuando los costos laborales en el largo plazo no son superiores a la ganancia realizable.

Es conveniente que el Estado cree ante todo condiciones generales que promuevan las inversiones para incrementar el empleo. Un seguro público contra el desempleo debe diseñarse de manera compatible con incentivos para el empleo. Medidas adicionales (la llamada política de mercado laboral activa) no suelen crear lugares de trabajo que contribuyan a financiar el sistema de seguridad social mediante aportes. Más bien se manifiestan efectos negativos sobre el empleo, dado que el financiamiento de la política de mercado laboral encarece el costo laboral en otra parte.

La política educativa debe fortalecer la autonomía de las instituciones educativas y promover el sentido de responsabilidad de los educandos. La función del Estado debe limitarse a ejercer la superintendencia jurídica, garantizar estándares comunes y el acceso al mercado y promover su transparencia. Es importante que la permanencia en las diferentes instituciones educativas tienda a acortarse y flexibilizarse. Un aspecto prioritario de la política educativa consiste en incrementar la justicia de oportunidades, para lo cual se requiere en particular el financiamiento público de los niveles preescolar y escolar, en tanto que el nivel de estudios terciarios aporta sobre todo beneficios asignables individualmente y no puede ser financiado a través de aranceles.

Los ejes centrales de la política educativa y de mercado laboral son:

·         Eliminar el exceso de regulaciones y burocracias en el mercado laboral, en particular en lo referente a contratos temporarios, empleo de tiempo parcial y protección contra despidos.

·         Prioridad de la intermediación de trabajo por sobre prestaciones de la política de mercado laboral; fortalecimiento de medidas compensatorias, además de prescindir de medidas de creación de empleo y ajuste estructural.

·         En la política educativa, resulta pertinente una mayor libertad de derecho de elección de alumnos y estudiantes y las instituciones educativas. A través de estándares educativos y una evaluación regular de los resultados obtenidos, puede fomentarse una mayor competencia entre las instituciones educativas.

A tal efecto, es importante que los estudiantes o alumnos asuman una parte de los costos, por ejemplo en forma de bonos educativos, aranceles universitarios y garantías crediticias. Al mismo tiempo, debe revisarse por completo el régimen laboral vigente en el sector educativo (por ejemplo eliminación del estatus de funcionario público para docentes, remuneración orientada al rendimiento, capacitación obligatoria, presencia obligatoria).