ECONOMÍA
SOCIAL DE MERCADO
El concepto
de Economía Social de Mercado describe el orden económico vigente en la
República Federal de Alemania. Su elemento fundamental es la conjugación del
“principio de libertad de mercado con equidad social”. La concepción de la
Economía Social de Mercado fue desarrollada para la reconstrucción de la
República Federal de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, como
alternativa a una economía dirigida. Su implementación política en los años
1947 a 1949está íntimamente ligada a los nombres de Luwig Erhard y Alfred
Müller-Armack. Este último es quien acuñó el concepto “Economía Social de
Mercado”.
La Economía
Social de Mercado se fundamenta en los principios del ordo liberalismo
desarrollado por la Escuela de Friburgo (Walter Eucken, Alfred Müller-Armack,
entre otros) durante la década de 1930. Su principio básico es un sistema de
competencia lo más perfecto posible garantizado por el Estado, el que
complementariamente debe impulsar una adecuada política social.
El principio de
la Economía Social de Mercado conjuga elementos del liberalismo y de la
Doctrina Social de la Iglesia, para conformar un orden fundamental social y
democrático.
A diferencia
de una economía al estilo laissez-faire, la Economía Social de Mercado exige la
mano ordenadora del Estado. Walter Eucken enumera ciertos principios
constitutivos y reguladores de la política de ordenamiento, que identifica como
elementos guía de la política económica y social.
Principales
elementos en la concepción de la Economía Social de Mercado:
·
Propiedad
privada de los medios de producción y libre formación de los precios.
·
Libertad
contractual.
·
Implementación
de un régimen de competencia y garantía de su vigencia a través del control de
los monopolios y el abuso de poder (mediante leyes antitrust o en defensa de la
competencia y contra la competencia desleal, entre otras medidas).
·
Libre
comercio exterior, libre convertibilidad de la moneda.
·
Estabilidad
de la moneda (a través de un banco central independiente, por ejemplo).
·
Seguridad
social a través de seguros previsionales, contra enfermedad, desempleo y
cuidados permanentes, además de seguro contra accidentes.
·
Constancia
y confiabilidad de la política económica.
PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE UN RÉGIMEN
DE LIBRE COMPETENCIA
Funcionamiento del mecanismo de
precios
El colapso de
la Unión Soviética y del ex bloque comunista demostró ante los ojos de todo
elmundo que las instancias centrales de un gobierno no están en condiciones de
planificar y controlar la economía de modo tal que mejore al bienestar social
de todo el pueblo. Este control estatal de la economía fracasa en virtud de la
complejidad de las relaciones económicas y la gran cantidad de informaciones
que deben ser procesadas. Por eso, en la actualidad, una gran mayoría de países
ha desechado la economía de planificación central como modelo económico y las decisiones
que anteriormente tomaban las autoridades de planificación son tomadas hoy por
millones de individuos, hogares y empresas.
Además de la
oferta y la demanda, una fuente de información importante para los sujetos
económicos a la hora de tomar decisiones son los precios como reflejo de las
relaciones de escasez y calidad. Por otra parte, el precio inclina los recursos
escasos hacia su mejor aplicación.
Los precios
que se forman en el mercado permiten que las decisiones sobre producción se
tomen en forma descentralizada, actualizada, ubicua y basadas en informaciones
precisas sobre las necesidades que se articulan en el mercado. La creación de
un sistema de precios funcional en una economía basada en la propiedad privada
es, en consecuencia, el mejor camino conocido para el crecimiento y el
bienestar.
Condición
para el funcionamiento del mecanismo de precios es una moneda estable, dado que
la inflación genera informaciones distorsionadas (Primacía de la política
monetaria - W. Eucken).
También
interfieren con las funciones del precio y llevan al despilfarro de recursos
las injerencias del Estado en forma de precios o salarios mínimos o máximos. La
intervención del Estado sólo es adecuada cuando fracasan los mecanismos de
mercado y se hace necesario asegurar un nivel social mínimo, dado que, de lo
contrario, el mecanismo de precios no puede cumplir con su función de señal y
canalización, con la consecuencia de ineficiencias en el sistema.
Mercados abiertos y comercio
internacional
El
equilibrio de la demanda y la oferta a través del precio no sólo funciona en el
mercado interno, sino que también genera más crecimiento y bienestar en los
países que participan de un libre intercambio de bienes y servicios. Incluso
las partes supuestamente más débiles, que no son superiores en ningún segmento
productivo, pueden beneficiarse con la apertura de los mercados aprovechando
ventajas de costos comparativos. Un ejemplo: aún si Alemania fuese superior a
los productores polacos en la fabricación de automóviles y de productos
textiles, la división del trabajo entre ambos países sería igualmente rentable.
Alemania se especializaría en la fabricación de autos y Polonia, en la de
productos textiles, siempre que los fabricantes alemanes tuvieran
comparativamente mayores ventajas en la producción automotriz que en la
producción textil.
De
este modo, ambos países se posicionan mejor por el comercio internacional de
bienes, aún cuando dentro de un mismo país existan perdedores (industria textil
en Alemania, fabricantes de automóviles en Polonia). En última instancia, sin
embargo, el cambio estructural contribuye a más crecimiento y a un mayor
bienestar para todos. La concentración en actividades que pueden realizarse en
condiciones y a costos comparativamente más ventajosos permite elaborar una
mayor cantidad de bienes a igual inversión. Por eso, la compensación social
para los perdedores no debería hacerse a través de precios máximos o mínimos
(como sigue ocurriendo en el caso del agro europeo, por ejemplo), sino a través
de pagos directos limitados a los perdedores del cambio estructural.
Ello
contribuye a la paz social en la Economía Social de Mercado.
Propiedad privada, libertad
contractual y responsabilidad, tanto como constancia, de la política económica
Para
que un régimen de competencia pueda funcionar adecuadamente, es importante
proteger la propiedad privada de injerencias arbitrarias por parte del Estado y
excesivas cargas impositivas o sociales. Sólo quien puede disfrutar de la mayor
parte de su esfuerzo y trabajo tendrá incentivos suficientes como para hacer un
manejo cuidadoso de la propiedad y la fuerza laboral. Excesivas cargas
impositivas y sociales desalientan los incentivos laborales y de inversiones y
paralizan la dinámica económica. Garantizar los derechos de propiedad y la
libertad individual creando un orden general es, por ende, una tarea
fundamental del Estado en la Economía Social de Mercado.
Un
orden de competencia garantiza, por un lado, la propiedad privada y, por el
otro, evita la posibilidad de llegar a una posición de monopolio. De este modo,
la competencia se encarga de limitar el poder de mercado, dado que siempre
existe la posibilidad de que surjan nuevos competidores. En forma similar, la
competencia entre los Estados nacionales limita el poder de imposición y
garantiza la libertad individual.
Para
que un régimen de competencia pueda funcionar adecuadamente, se requiere contar
con libertad contractual, ya que sólo a
través de contratos libres, celebrados individualmente, es posible equilibrar
la oferta y la demanda a través del precio. No obstante, estos acuerdos no
deben llevar a la formación de monopolios o cárteles. Por eso debe existir un
control de los monopolios.
Asimismo,
y como contrapartida del derecho de propiedad, quien tiene el derecho de gozar
de sus beneficios también debe hacerse cargo de las pérdidas. Esto incluye la
responsabilidad por daños resultantes de la actividad comercial que no deben
ser transferidos a terceros (es decir, a la sociedad). En la medida en que esta
responsabilidad se ve limitada, por ejemplo a través de acuerdos laborales
(caso concretó de los ejecutivos de grandes empresas) o de contratos sociales,
debe garantizarse que existan otros incentivos adecuados para fomentar un
manejo cuidadoso de los recursos y la producción de bienes.
Asimismo,
el ordenamiento marco debe ser transparente y comprensible, y no debe quedar
sometido a modificaciones permanentes. La constancia de la política económica
brinda a las empresas y hogares la debida seguridad para planificar sus
inversiones y celebrar sus contratos.
La
competencia por sí sola ejerce suficiente presión sobre las empresas, de modo
que al menos las condiciones generales para las inversiones deberían ser
confiables.
Todos
estos principios deben regir en forma simultánea, dado que se condicionan
recíprocamente y dependen unos de otros (“interdependencia de la política
económica”). Un orden basado en los principios constitutivos asegura la mayor
asignación posible de los factores de producción y conduce a innovaciones e
imitaciones (competencia como procedimiento descubridor). Al mismo tiempo,
alienta el cambio estructural (proceso de destrucción creativa) y crea
posibilidades de elección y opciones alternativas para la oferta y la demanda
(“limitación del poder”).
PRINCIPIOS REGULADORES
Más
allá de fijar el orden económico, en algunos casos resulta necesaria la
intervención del Estado para corregir los resultados del mercado. Una medida
necesaria es la corrección de la contabilización económica o internalización de
efectos externos.
La internalización de efectos externos surge cuando la
actividad económica afecta (o beneficia) los intereses de terceros, sin que los
costos o las ganancias correspondientes ingresen en el cálculo de costos y
beneficios del causante. Otra injerencia estatal necesaria es garantizar un
mínimo existencial para todos, de conformidad con el principio de
subsidiariedad.
Política
de competencia y política estructural
Debido
a que a menudo la competencia resulta incómoda, no han faltado ni faltan los
intentos por limitarla o eliminarla. La función de la política de competencia
es proteger el adecuado funcionamiento de la competencia contra estos ataques.
En Alemania, el fundamento jurídico para estas medidas es la “Ley contra las
limitaciones a la competencia”. Su objetivo es evitar la formación de
monopolios y poder económico unilateral.
Por
su parte y en forma paralela, la política estructural tiene por objeto
morigerar el impacto que genera el cambio estructural que provoca la
competencia como proceso de destrucción creativa.
No
obstante, con frecuencia este instrumento ha derivado en subsidios permanentes
que no han hecho otra cosa que conservar viejas estructuras (un ejemplo son los
subsidios a la producción de carbón) y, por lo tanto, es conveniente hacer un
uso muy restrictivo y acotado en el tiempo de este instrumento.
Algunas recomendaciones ilustrativas
de lo señalado son:
·
El
objetivo central de la política de competencia debería ser velar por la apertura
de los mercados, esto es eliminar posibles barreras de acceso y no obstaculizar
los esfuerzos por llegar al mercado de posibles competidores.
·
Eliminación
de subsidios estatales que distorsionan la competencia (por ejemplo, los
actuales subsidios que reciben la
industria del carbón o el agro).
·
No
debe haber una política estructural de mercado ni una política industrial
selectiva que favorezcan a determinados sectores económicos o empresas, como
por ejemplo la obligación de contar con el diploma de maestro en el sector de
los oficios para instalar un negocio.
·
Una
permanente re-evaluación y la paulatina eliminación del predominio del Estado y
de las comunas en el sector de los servicios esenciales es tan necesaria como
lo es la eliminación de restricciones de acceso para empresas privadas en estos
mercados (cfr. apertura de los mercados de telecomunicaciones, prestaciones
sociales, sector energético).
Política financiera, impositiva y
social
Una
función del Estado es corregir la distribución primaria de los ingresos que
tiene lugar en el mercado en función del rendimiento individual. El objetivo es
garantizar un mínimo existencial a quienes no están en condiciones de obtener
un ingreso en el mercado. Para tener la plena seguridad de que los pagos por
transferencia sólo benefician a quienes no están en condiciones de mantenerse
por sí mismos, se requiere hacer un estricto análisis de las necesidades
básicas.
En
coincidencia con el principio de subsidiariedad proveniente de la Doctrina
Social de la Iglesia, todos tienen la obligación de obtener ingreso en el
mercado en la medida de sus posibilidades.
Sólo
en caso de que eso no sea suficiente para cubrir el mínimo existencial, el
Estado deberá efectuar pagos complementarios.
Es
importante que la política redistributiva se financie únicamente a través de
impuestos y no recurra suplementariamente a los fondos de sistemas de seguridad
social.
Así se incrementa la transparencia y aceptación de los sistemas y es
posible verificar quién carga con los costos y quién se ve beneficiado. En
última instancia, el objetivo de la política social debe ser la justicia de
oportunidades (“oportunidades para todos”) y no la igualdad de los resultados.
Básicamente, deberá considerarse siempre el conflicto que existe entre el
objetivo de la eficiencia y aquel otro de la justicia, dado que más
redistribución siempre disminuye al mismo tiempo los incentivos productivos y,
por ende, el crecimiento. Por lo tanto, es importante reducir el gasto público
en consumo y, en cambio, fortalecer las inversiones.
Otras recomendaciones para la
conformación del sistema impositivo y de transferencias desde la perspectiva de
una política de ordenamiento son:
·
Clara
separación entre el sector público y el sector privado en el nivel municipal
(aplicando la cláusula de subsidiariedad en los regímenes comunales).
·
Simplificación
del sistema impositivo ampliando la base imponible y reduciendo las alícuotas,
para evitar que los sujetos afectados reaccionen soslayando el pago de
impuestos.
·
Clara
distinción entre las corrientes financieras: resulta inconveniente financiar
con fondos de los sistemas de seguridad social prestaciones ajenas a estos
sistemas y es importante conservar la simetría entre funciones e ingresos de
los entes jurisdiccionales.
·
Redistribución
de los ingresos en función de necesidades debidamente verificadas a través del
sistema de transferencias y financiamiento de éstas sólo a través de los fondos
recaudados en concepto de impuestos.
·
Limitación
del volumen de transferencias al mínimo existencial preservando los criterios
generales de tolerabilidad diseñados para todos y no únicamente para un círculo
privilegiado.
En relación con los sistemas de
seguridad social, resultan pertinentes las siguientes medidas:
Se procurará
reducir los aportes al seguro previsional establecido por ley:
o
incrementado
la edad jubilatoria en función de la evolución en la expectativa de vida y el
número de jubilados,
o
reduciendo
el monto de la jubilación en el caso de las jubilaciones anticipadas en función
de reducciones matemáticamente correctas,
o
reservando
el seguro para deudos a personas sin adecuado ingreso propio,
o
realizando
ajustes anuales de las jubilaciones que consideren el cambio demográfico y las
consecuencias para la sostenibilidad del sistema.
El seguro de
cuidados permanentes financiado por el sistema de reparto deberá hacerse más sustentable
introduciendo un sistema de capitalización obligatorio, a la vez que se
limitará el catálogo de prestaciones y se procurará fortalecer el sistema de
previsión privada.
Es
conveniente impulsar la reforma del seguro por enfermedad sobre la base de una
prima por salud, un mayor grado de responsabilidad propia, fortalecimiento de
la competencia entre diferentes compañías aseguradoras y limitación a las
prestaciones básicas.
Política de mercado laboral, empleo y
educación
Desde el
punto de vista de la política de ordenamiento tal como la interpreta la
Economía Social de Mercado, no se requiere de una política de empleo y de mercado
laboral especial. La mejor política de empleo consiste en crear condiciones
generales competitivas, ya que los puestos de trabajo son creados por empresas
y no por una política estatal de mercado laboral. Los puestos de trabajo surgen
o se conservan cuando los costos laborales en el largo plazo no son superiores a
la ganancia realizable.
Es
conveniente que el Estado cree ante todo condiciones generales que promuevan
las inversiones para incrementar el empleo. Un seguro público contra el
desempleo debe diseñarse de manera compatible con incentivos para el empleo.
Medidas adicionales (la llamada política de mercado laboral activa) no suelen
crear lugares de trabajo que contribuyan a financiar el sistema de seguridad
social mediante aportes. Más bien se manifiestan efectos negativos sobre el
empleo, dado que el financiamiento de la política de mercado laboral encarece el
costo laboral en otra parte.
La política educativa debe fortalecer la autonomía de las
instituciones educativas y promover el sentido de responsabilidad de los
educandos. La función del Estado debe limitarse a ejercer la superintendencia
jurídica, garantizar estándares comunes y el acceso al mercado y promover su transparencia.
Es importante que la permanencia en las diferentes instituciones educativas
tienda a acortarse y flexibilizarse. Un aspecto prioritario de la política educativa
consiste en incrementar la justicia de oportunidades, para lo cual se requiere
en particular el financiamiento público de los niveles preescolar y escolar, en
tanto que el nivel de estudios terciarios aporta sobre todo beneficios
asignables individualmente y no puede ser financiado a través de aranceles.
Los ejes centrales de la política
educativa y de mercado laboral son:
·
Eliminar
el exceso de regulaciones y burocracias en el mercado laboral, en particular en
lo referente a contratos temporarios, empleo de tiempo parcial y protección
contra despidos.
·
Prioridad
de la intermediación de trabajo por sobre prestaciones de la política de
mercado laboral; fortalecimiento de medidas compensatorias, además de
prescindir de medidas de creación de empleo y ajuste estructural.
·
En
la política educativa, resulta pertinente una mayor libertad de derecho de
elección de alumnos y estudiantes y las instituciones educativas. A través de
estándares educativos y una evaluación regular de los resultados obtenidos,
puede fomentarse una mayor competencia entre las instituciones educativas.
A
tal efecto, es importante que los estudiantes o alumnos asuman una parte de los
costos, por ejemplo en forma de bonos educativos, aranceles universitarios y
garantías crediticias. Al mismo tiempo, debe revisarse por completo el régimen
laboral vigente en el sector educativo (por ejemplo eliminación del estatus de funcionario
público para docentes, remuneración orientada al rendimiento, capacitación obligatoria,
presencia obligatoria).
